La caída esperpéntica del régimen del 78
1. El caso de las memorias de Juan Carlos pone de relieve, en un plano histórico-personal, la defunción del régimen del 78. Defunción que databa de un año antes, oficializada en el BOE el 11 de junio de 2024 por la amnistía a los políticos golpistas que en 2017 habían atacado la Constitución y la unidad de España intentando separar de ella a la región catalana mediante un referéndum ilegal. El golpe había fracasado y varios de sus autores sido encarcelados por acusación del partido VOX. La amnistía, a su vez golpista por cuanto legalizaba un intento de golpe, exige un análisis más a fondo, tanto por su alcance histórico como por los rasgos grotescos que la acompañaron, al modo del exilio del “motor de la democracia”.
2. La amnistía fue impuesta al gobierno de Sánchez por un personaje, Puigdemont, refugiado en Bélgica tras huir de la justicia con motivo del golpe de 2017. La imposición fue posible porque, como explicó el muñidor de la amnistía, Benet Salellas, los votos de los siete diputados de Junts per Catalunya” eran “esenciales para la investidura de Sánchez”. Junts, de carácter derechista, había sido el máximo impulsor del golpe de 2017, y no había sido ilegalizado, sino que determinaba así la política española al más alto nivel, pese a su estridente oposición a la unidad de España (por lo tanto a la Constitución del 78). La política en España llegó a ser eso. Por otra parte Bélgica, como supuesto aliado de España en la UE y la OTAN debía haber entregado al prófugo, pero lo amparó y favoreció su intensa actividad internacional contra las leyes y contra la misma España. La cual, salta a la vista, no disfruta hoy de mucho respeto de sus teóricos aliados y amigos.
3. Para captar mejor el lado burlesco del negocio Junts-PSOE, cabe recordar que en 2019, Sánchez había tildado solemnemente de golpe de estado al llamado referéndum de dos años antes y había prometido tipificar penalmente la figura de “referéndum ilegal” para evitar su repetición. Además había enfatizado:”Yo me comprometo, hoy y aquí, a traer a Puigdemont y que rinda cuentas ante la justicia española”, porque “nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento”. En 2024, el prófugo dictaba la política española en su nivel más alto y disruptivo, en connivencia con quien se había comprometido a traerlo ante los jueces: estaba acusado de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, por lo cual el gobierno de Sánchez dio pasos previos a la amnistía en enero de 2023, derogando el delito de sedición y mermando las penas por malversación.
5. Evidentemente, la amnistía había respondido a la necesidad de Sánchez de los votos de Junts para mantenerse en el poder, pero reconocerlo así quedaba poco elegante, por lo que en el gobierno le dio más enjundia presentándola al parlamento como Leypara la normalización institucional, política y social en Cataluña. La normalización, pues, consistía en aceptar el golpismo, borrarlo como delito, y declarar implícitamente anormal el estatuto de autonomía de 1979 (votado poco brillantemente por la mitad del censo, y ampliado en sentido presecesionista en 2006). Los beneficiados por la “normalización” se apresuraron a cantar victoria desafiantemente: “La represión no nos ha vencido ni nos vencerá”, “Lo volveremos a hacer”, etc. Todo normalizado.
6. Lo cual exige atender a la composición de aquel Parlamento. Sánchez perdió las elecciones de 2023 frente al PP, pero logró ser investido en coalición con los comunistas y mediante pactos de conveniencia con Junts y demás grupos separatistas catalanes, vascos, gallegos y canarios, más Bildu, partido dirigido y en gran parte compuesto por satisfechos exterroristas de la ETA. El bloque resultante era perfecta y abiertamente contrario a la Constitución, “fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2). Ninguno de aquellos grupos disimulaba su intención de destruir dicha unidad, que el PSOE tampoco reconocía desde que en 1919 había decidido que España no era una nación, sino solo un estado impuesto sobre varias naciones con derecho a separarse. De este modo, el Parlamento había llegado a tener una leve mayoría opuesta a la Constitución y a España misma, y no representativa de la mayoría del país. Obviamente, sus diputados habían prometido la Constitución por un falso formalismo en espera de tiempos más favorables a sus fines.
7. Y de nuevo el toque grotesco. En 2015 Sánchez había rechazado tajantemente toda posibilidad de acuerdo con Bildu, sucesor de la ETA: “No vamos a pactar con Bildu. Si quiere se lo digo cinco veces, o veinte. Con Bildu no vamos a pactar”, porque “Bildu no tiene un proyecto de España y nosotros sí lo tenemos”. No tardaría en percatarse que su proyecto y el de Bildu estaban curiosamente próximos. Y en 2019 aseguraba que nunca gobernaría con Podemos, un grupo comunistoide a la venezolana, porque hacerlo “le impediría dormir por la noche, igual que al 95 por cien de los ciudadanos, que tampoco se sentirían tranquilos”. Sin embargo pronto pudo dormir, y con la misma tranquilidad negó sus palabras, aunque la prensa de la epoca le desmiente. En fin, una “democracia” que destierra a quien oficialmente la trajo a España bien puede admitir los modos sanchecescos de hacer política.
8. En definitiva, la amnistía se la habían autoconcedido los golpistas por intermedio de Sánchez y con apoyo de los grupos parlamentarios anticonstitucionales. Tales tejemanejes, destructores de la ley y de su fundamento en la unidad nacional, suscitaron la oposición de VOX e incluso del PP, que trataron de invalidarlos por vía legal. La Constitución prohibía los indultos generales y, con más razón aunque no explícitamente, la amnistía política. Pues el indulto quita la pena, pero no el delito, mientras que la amnistía lo borra, por lo que solo es admisible en un cambio de régimen, como en la transición posfranquista; pues de otro modo solo testimoniaría una aguda inestabilidad del mismo régimen, como había pasado en la república. Así, la oposición recurrió al Tribunal Constitucional arguyendo que la Constitución no habilita el otorgamiento de amnistías, por lo que la ley de “normalización” sería inconstitucional”. El tribunal prefirió el argumento contrario: que la Constitución no mencionase la autonomía no significaba que la rechazase, y en todo caso el Parlamento, como eje central de la democracia podía arbitrar una…, aunque borrase las culpas del golpismo y “olvidase” la malversación de fondos.
9. Esta –digamos peculiar– tesis fue esgrimida y ganada en el Tribunal Constitucional por su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán. La sentencia final difícilmente podía resultar más esperpéntica: se negaba el delito de rebelión con una embrollada y alucinada palabrería según la cual los actos de 2017 no habían pretendido poner en peligro “la Constitución y la integridad territorial del Estado español”, sino que se había tratado de una “ensoñación” de los golpistas con la que pensaban “ejercer presión política sobre el Gobierno del Estado”. Nótese que los conceptos España y nación quedan sustituidos por “Estado español”, típico de la jerga de quienes niegan ambas. En fin, ¿qué problema podía haber en amnistiar una simple ensoñación? El esperpento hasta el fin.
10. Que un Tribunal Constitucional se pronunciase tan flagrantemente contra la Constitución se entiende mejor observando que la tal Montalbán pertenece a la “Asociación de juezas y jueces por la democracia”, título inculto (“juezas”) y antidemocrático por excluyente, de tendencia entre socialista y comunistoide. El presidente del tribunal. Conde-Pumpido, era también miembro y fundador de la citada asociación, y muy afín al PSOE. El TC lo constituyen ocho jueces que representan a los partidos del parlamento, dos al gobierno y dos al Consejo General del Poder Judicial. Los nombramientos son precedidos de tratos entre el PP, el PSOE y los separatistas catalanes, y se entiende, por tanto, que reflejaran a la citada mayoría parlamentaria contraria a la Constitución y a su fundamento en la unidad nacional. No era la primera vez que un TC “normalizaba” políticas claramente inconstitucionales, pero en este caso la normalización atacaba los fundamentos mismos de la Constitución y amenazaba el futuro de la propia España. En otras palabras, significaba el fin del régimen marcado por la Constitución de 1978, dictada por un parlamento contrario a ella en diversos grados y por un Tribunal constitucional a su medida.
11. La amnistía pone también de relieve el papel del monarca como último valladar contra el golpismo, papel que había desempeñado precisamente en 2017. Muchos esperaban que volviera a ejercer ese papel ante la farsa de 2024, pues evidentemente se proponía a su firma una medida estrepitosamente anticonstitucional, aparte de una ofensa personal y política a él mismo, por su acción antigolpista anterior. Sin embargo Felipe VI prefirió atenerse a la más burda literalidad legal, según la cual debía firmar una resolución salida del parlamento,…, aunque la misma anulaba la Constitución de 1978, ya muy vulnerada por una larga cadena de episodios anteriores, aunque no tan graves y explícitos.
12. Así pues, el régimen del 78 puede darse por liquidado,. Se abr paso una situación ambigua con doble tendencia, bien a sustituirlo por otro al gusto de los golpistas, bien por una reforma a fondo que corrija las deficiencias de aquella Constitución. El régimen del 78 ha sido el sexto en España desde principios del siglo XX. La república, y sobre todo el frente popular, habían amenazado gravemente la continuidad histórica de España, habiendo sido el franquismo una reacción a tal peligro. Hasta entonces, los cambios de régimen se dieron por golpes de estado o por guerra civil, mientras que el paso a la democracia se produjo por reforma, evitando el golpismo propio de la ruptura. Desde entonces el rupturismo ha ido avanzando hasta amenazar de nuevo la continuidad de España, y es preciso que esa continuidad no se rompa otra vez.
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